AYUDAMEMORIA
“No tengo mochila, porque no tengo tejado de vidrio ¡métetelo en la cabeza!”, le dijo Pablo Longueira al periodista Roberto Saa, tras consultarle por el Caso SQM esta mañana en Radio Cooperativa. Pero como el archivo no muerde, sólo hay que retroceder poco más de 4 años para buscar qué carga en su espalda el coronel de la UDI.
En 2010, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera se discutía cuánto impuesto (royalty) se le cobraría a la gran minería chilena, tiempo en que Longueira como Senador participó de la creación de esa ley. Seis años después se supo parte de esta trastienda, que incluyó la coordinación entre el parlamentario y el –en ese entonces- gerente general de Soquimich, Patricio Contesse.
Esta comunicación secreta recabada por el Ministerio Público y publicada por la revista Qué Pasa en 2016, reveló el “pauteo” que recibió Longueira para la redacción de la ley del royalty.
A esa altura la mochila de Longueira estaba bastante pesada, pues ya cargaba con al menos 730 millones de pesos según el informe del estudio jurídico Shearman & Sterling, encargado por la propia SQM con el fin de determinar las platas políticas que salieron de la empresa.
Según este informe que publicó The Clinic, el destino contable de este dinero recayó en 20 personas vinculadas a Longueira; donde se incluye a su hijo, su exjefa de campaña senatorial, su concuñada, su sobrino, al hijo de un asesor, a su ahijado, a la señora del ahijado, entre otros cercanos.
Con el correr de los meses este monto de dinero aumentó, gracias al avance de la investigación y las publicaciones periodísticos. Ciper cifró en más de 1.300 millones los que llegaron al círculo cercano del autodenominado «candidato a la constituyente».
FRENO A LAS INVESTIGACIONES DE PLATAS POLÍTICAS
A pesar de toda esta evidencia, Longueira fue absuelto en abril 2019 de los cargos de delito tributario. Esto ocurrió debido a que el Servicio de Impuestos Internos (SII) no se querelló, lo que frenó la acción de la Fiscalía que dependía de esta iniciativa para perseguir penalmente.
Esto se enmarca en la operación que realizó la clase política en su conjunto para frenar las investigaciones que lideraban los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Para llevar a cabo la impunidad, fueron designados Fernando Barraza, como director del SII, y Jorge Abbott, como Fiscal nacional. El primero frenó las querellas y el segundo removió a los fiscales Gajardo y Norambuena.
Longueira está absuelto de la imputación de fraude al fisco, pero no así del posible delito de cohecho. El caso en la actualidad está a cargo de la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, que solicita 818 días de presidio. La próxima audiencia de preparación del juicio oral en contra de Pablo Longueira será el 5 de octubre, a pocas semanas del plebiscito.
