“Tuvimos que enfrentar la disyuntiva de restablecer el Estado de Emergencia o darle una nueva oportunidad al diálogo, a los acuerdos y a la paz. Optamos por este segundo camino y propusimos un Acuerdo por la Paz, esa Justicia Social y también un camino que nos permitiera perfeccionar o cambiar nuestra Constitución”.
Presidente Sebastián Piñera, Cuenta Pública 2020.
La noche del 12 de noviembre fue una de las más violentas y recordadas en los días posteriores al Estallido Social de octubre. Por cerca de dos horas los periodistas esperaron la llegada del Presidente Piñera, mientras un micrófono solitario aparecía en las pantallas de los distintos canales de televisión chilena.
La hora anunciada para la aparición del mandatario se extendía una y otra vez, sin explicación. Los rumores sobre la trastienda no cesaban, sobre todo luego de que algunos medios como Interferencia y El Mostrador, publicaran que el Ejército le negó al Gobierno la posibilidad de volver a las calles con un nuevo Estado de Emergencia. Versión que se potenció aún más cuando se vio la llegada a La Moneda del -en ese entonces- Ministro de Defensa, Alberto Espina; quien finalmente no se sumó al punto de prensa.
“Tuvimos que enfrentar la disyuntiva de restablecer el Estado de Emergencia o darle una nueva oportunidad al diálogo”, señaló este viernes el Presidente Piñera durante la Cuenta Pública. Frase que aborda dos aspectos sobre las decisiones que el Gobierno tomó en noviembre pasado. Una es la negativa al decreto del Estado de Emergencia y la otra fue la apertura a una Nueva Constitución.
La presión social en redes sociales y de distintos sectores de la oposición, hacen que el equipo del Decodificador Chile se haga la siguiente pregunta: ¿Cuánto poder tenía el mandatario para decidir otra cosa?
El primer aspecto, sobre el uso de la fuerza militar en el control del orden público, se transformó en algo hasta el momento inchequeable. El Presidente constantemente hablaba de una “guerra contra un enemigo poderoso”.
No obstante, entre las declaraciones públicas de esos días pocos olvidan la frase: “Yo soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie”, del Jefe de la Defensa Nacional, Javier Iturriaga. Palabras que fueron una sutil pero evidente “quitada de piso”. Luego de esto, se pudo ver a militares jugando a la pelota con manifestantes o en distintas interacciones amistosas. El punto político ya estaba hecho.
Este viernes en la Cuenta Pública el Presidente lo dejó claro. La disyuntiva era: militares en la calle o una propuesta de cambio estructural. “Optamos por este segundo camino y propusimos un Acuerdo por la Paz, esa Justicia Social y también un camino que nos permitiera perfeccionar o cambiar nuestra Constitución”, aseguró Piñera en su discurso.
Pero la idea de una nueva Constitución antes era impensada para el actual Gobierno y su sector político. Incluso para algunos partidos de lo fue la ex Nueva Mayoría, que no apoyaron el proceso constituyente iniciado por la ex presidenta Bachelet en su segundo período, por lo que la iniciativa terminó siendo ingresada al Congreso en los últimos días de su Gobierno.
Ese fue uno de los últimos documentos firmados por la ex mandataria, lo que se contrapone al actual Presidente, que dedicó una de sus primeras firmas a frenarlo. Todo bajo la lógica: La Constitución sólo se reforma.
Desde el 18 de octubre, Chile vivió una ebullición social con violencia en las calles y violación al toque de queda, pero también con protestas pacíficas masivas y la marcha más grande desde el retorno a la democracia, con más de un millón de personas, como registran las fotografías.
Esta situación intentó ser menguada desde La Moneda por la fuerza, con el Estado de Emergencia y la violenta acción de las policías, que según reporta el Instituto Nacional de Derechos Humanos en febrero del 2020, “un total de 3.765 personas heridas por la acción de agentes del Estado, de las cuales en 427 casos se constatan heridas oculares, 34 de ellos con diagnóstico de pérdida o estallido ocular”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 13 de diciembre de 2019, publicó un informe sobre la situación de Chile desde octubre del mismo año. Allí afirmó que: “durante las protestas masivas y estado de emergencia, Carabineros de Chile y las Fuerzas armadas incumplieron las normas y estándares internacionales sobre control de asambleas y uso de la fuerza”.
Esta situación fue conocida y denunciada por la ciudadanía a través de la evidencia que circulaba en redes sociales y que generó nuevos levantamientos desde la misma plataforma.
A este caos social, se sumaban voces de diferentes actores de relevancia como el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, que pedía al Gobierno “escuchar el clamor de la ciudadanía” respecto a la redacción de una nueva carta fundamental. Dirigentes de la oposición ya lo venían planteando, en especial desde el Frente Amplio como el diputado Gabriel Boric, que explicaba en sus redes sociales: ¿Por qué es necesaria una Nueva Constitución?. Y el apoyo de Mario Desbordes el –en ese momento- presidente del partido político al que pertenece el actual mandatario, Renovación Nacional (RN).
Considerando este escenario, ¿cuánto margen tuvo el gobierno para “optar” por la posibilidad de una Nueva Constitución?
En definitiva, el contexto social no le dio muchas alternativas al Gobierno. Una amplia mayoría respaldaba la necesidad de una Nueva Constitución, 82% de acuerdo a la Cadem de noviembre. También porque en ese momento ya se situaba como la administración con más baja aprobación en democracia, según las encuestas.
Por ejemplo, Activa Research le otorgó un 9% de aprobación, Cadem un 13% de aprobación y 79% de rechazo, la peor evaluación en la historia de la medición. Y, además, ya había agotado sus posibilidades con el camino de la fuerza, con más de 30 personas fallecidas en contexto de protestas, según registra este informe del Ministerio Público.
El Gobierno y su sector más duro -la UDI- quedaron acorralados, teniendo que aceptar una idea a lo que siempre se negaron: Convocar a un plebiscito donde la gente decida qué hacer con la llamada Constitución de Pinochet (1980).
La evidencia muestra que lo que hizo el Gobierno no fue “optar” o promover este camino, sino más bien “ceder” a lo que exigía la ciudadanía.
