Es engañoso afirmar que Yasna Provoste fue inhabilitada de ejercer cargos públicos por cinco años luego de robar US 0 millones

Es engañoso afirmar que Yasna Provoste fue inhabilitada de ejercer cargos públicos por cinco años luego de robar US $600 millones

ENGAÑOSO- Si bien se le responsabilizó políticamente con la destitución en 2008 de la entonces ministra de Educación, hasta hoy la Contraloría no ha podido establecer el destino real de los dineros involucrados.

Por redes sociales se ha viralizado que la precandidata presidencial de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, fue inhabilitada por cinco años para ejercer cargos públicos luego de, supuestamente, haber robado 600 millones de dólares del fondo de Educación.

Esta afirmación es engañosa porque si bien es cierto que la actual presidenta del Senado perdió una acusación constitucional en su contra en 2008, no es verdad que sustrajo dicha cantidad de dinero. En ese sentido, uno de los episodios que pesaron en la destitución de Provoste fue la falta de justificación de cerca de 262 mil millones de pesos (unos 600 millones de dólares de la época) por parte de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación Metropolitana en subvenciones a distintos establecimientos entre 2004 y 2007.

La responsabilidad política recayó en la máxima autoridad de Educación en ese momento, cuando, por primera vez desde la vuelta a la democracia, se destituyó a una ministra de Estado.
Por lo demás, informes de la Contraloría General de la República relacionados al “Caso Subvenciones”, como se le conoció después, dan cuenta de que no fue posible establecer una justificación de los recursos y el destino de parte de los dineros se desconoce.

El “Caso Subvenciones”

En febrero de 2008, los medios dieron a conocer el resultado del informe de la Contraloría General de la República sobre la auditoría realizada a la Seremi de Educación Metropolitana y las asignaciones a las subvenciones escolares entre enero y diciembre de 2006.

En ese momento estalló el “Caso Subvenciones” y las críticas estuvieron dirigidas a la titular de la cartera en ese momento, Yasna Provoste. Es importante recordar que Provoste asumió como ministra de Educación el 14 de julio de 2006. Entre el 11 marzo y el 14 julio de ese año, ejerció como ministro Martín Zilic, quien tuvo que salir de la cartera luego de las movilizaciones estudiantiles conocidas como la “revolución pingüina”.

En marzo de 2008, la oposición al Gobierno de Michelle Bachelet presentó una acusación constitucional en contra de Provoste por una parte de los dineros no justificados. 

Finalmente, el 16 de abril, por 20 votos a favor y 18 votos en contra, el Senado destituyó a la titular de Educación, sanción que implicó la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años. En concreto, los senadores aprobaron el Capítulo Primero del libelo, relacionado con la no corrección de graves infracciones e irregularidades de la Seremi de Educación Metropolitana. Esto quiere decir que la causal por la que Provoste fue destituida implicaba una responsabilidad a la Seremi de Educación Metropolitana.

Un año más tarde, la justicia condenó a 11 años de prisión a la ex funcionaria del Departamento de Finanzas de la Seremi de Educación Metropolitana, Franka Grez, por haberse apropiado de 290 millones de pesos.

En la causa, el fiscal Iván Millán logró probar que Grez, en su calidad de funcionaria de la Seremi de Educación Metropolitana, actuó con Horacio Escobedo (ex inspector del Liceo Polivalente Guillermo Labarca de Quinta Normal) y Gladys Audala (ex funcionaria de la Seremi de Educación) para desviar 290 millones de pesos de subvenciones.

Grez depositaba dinero en la cuenta bancaria de Audala y esta le devolvía gran parte del dinero posteriormente. Escobedo y Audala también fueron condenados por apropiación indebida a siete y seis años de cárcel respectivamente.

La defensa de Grez apeló a la Corte de Apelaciones, sin embargo, el tribunal de alzada desestimó el requerimiento y ratificó la pena de 11 años.

En conclusión, es engañoso afirmar que Yasna Provoste fue destituida por haberse robado 600 millones de dólares, porque a pesar de que la Contraloría detectó irregularidades en esos dineros, ni esa entidad ni la justicia han entablado responsabilidades directas entre los fondos desviados y la entonces ministra Provoste.

El incierto destino de los recursos involucrados

En septiembre de 2008, la Contraloría emitió el informe final de la auditoría a las subvenciones realizadas por la Seremi de Educación Metropolitana entre 2004 y 2007. En el documento, el contralor general de la época, Ramiro Mendoza, informaba a la ministra de Educación, Mónica Jiménez, que no existían antecedentes necesarios para justificar concesiones bancarias realizadas en el periodo investigado.

“Es posible concluir que la información presentada, aunque relevante en su contenido y demostrativa de las acciones del Ministerio de Educación en orden a aclarar las cifras involucradas, no reviste las características propias de una conciliación bancaria”, estableció el sumario.

Los medios destacaron que el Gobierno no había logrado justificar alrededor de 262 mil millones de pesos en subvenciones escolares, unos 600 millones de dólares de entonces.

Otro informe de la Contraloría, presentado en mayo de 2009, estableció que, a pesar de los intentos de justificar los pagos del Ministerio de Educación a los establecimientos, las imágenes de los cheques que proporcionó la cartera y el Banco Estado no permiten determinar el verdadero destino de 291 millones de pesos.

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