Las pastillas anticonceptivas con contenido alterado, Anulette CD y Minigest, fueron distribuidas durante el año 2020 en algunas farmacias y principalmente en la red de salud pública. Hoy hay más de 170 casos de personas gestando exigiendo justicia por sus derechos reproductivos vulnerados.
El 29 de agosto del 2020 el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) publicó que se retirarían del mercado las pastillas anticonceptivas Anulette CD de Laboratorios Silesia S.A. porque el Cesfam Piedra del Águila (La Araucanía) reclamó “falta de calidad” de las cajas.
El lote original corresponde a blisters (tabletas) con 28 comprimidos, con serie B20034A y fecha de vencimiento 01/2022. Un mes más tarde también hubo un reclamo por el lote B20035. El ISP ordenó la cuarentena de todo el medicamento y al mismo tiempo se informó de un retiro voluntario de los anticonceptivos Minigest 15 y 20 del laboratorio Andrómaco por problemas similares de calidad.
La institución de salud declaró que en ambos casos el principio activo del anticonceptivo fue encontrado en menor cantidad en estos lotes. Además, presentaban placebos mezclados con los otros comprimidos, no organizados como normalmente sucede.
Para las usuarias de estos dos anticonceptivos, el ISP recomendó consultar con ginecólogo o matrona respecto al cambio de método utilizado, alertando que iban a sufrir alteraciones hormonales o ciclo irregular. Sin embargo, no consideraron que personas pudieron resultar afectadas por embarazos, un registro que a la fecha lleva cerca de 170 personas, según la organización Miles Chile.
El laboratorio Silesia S.A. publicó en su página web un comunicado en el que aseguran que el daño se produjo “exclusivamente” en las tabletas mencionadas y esos lotes fueron retirados. Añaden que, realizados los análisis correspondientes, la composición “cumple con las especificaciones exigidas y “la eficacia anticonceptiva de los comprimidos de Anulette CD en ningún momento se vio comprometida”.
Las pastillas volvieron a estar en circulación al poco tiempo, según publicó la Confederación Nacional de Funcionarios/as de la Salud Municipal (Confusam), ya que el ISP argumentó que una revisión visual de estos comprimidos era suficiente para detectar futuras fallas. Confusam rechazó esta delegación de responsabilidad a la salud municipal y pidió el retiro del producto.
Notificación a las personas afectadas
Laura Dragnic, coordinadora del área legal de Miles Chile, señaló que efectivamente la mayoría de las personas afectadas son usuarias de los Cesfam, pero también tienen en sus registros a personas que compraron el anticonceptivo en una farmacia. Además, señaló que del total de gestantes sus registros solo tienen dos casos de afectadas por la falla del anticonceptivo Minigest y que el principal medicamento del problema es Anulette CD.
Dragnic mencionó a Decodificador Chile que ha sido difícil encontrar a las personas que “están sufriendo las consecuencias de esta falta de servicio del estado, falta de atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres” y añade que la mayoría de los Cesfam que han consultado “ni siquiera contactaron a las mujeres que tenían en su poder los medicamentos anticonceptivos defectuosos”.
Al respecto, Javiera Canales, directora ejecutiva de Miles Chile, dijo en el medio La Tercera que “los centros de salud, a nivel general, no tienen un sistema computacional que muestre eso. Hay algunos que sí, otros que no, entonces el número aún es incierto”.
Los propios casos proporcionados en la nota son una muestra de los antecedentes anteriores. Las dos mujeres atendidas en Cesfam, Damaris Reyes de 24 años e Isamar Antihuen de 28, se enteraron por su cuenta de la falla y descubrieron que estaban embarazadas.
Buscan reparaciones
La magnitud del caso aún no se esclarece, no obstante las personas afectadas están trabajando junto a instituciones para que les ayuden con las consecuencias de la pastilla anticonceptiva con fallas. La ONG Miles Chile, Abogadas Feministas (Abofem) y el estudio jurídico AML defensa de mujeres, son algunos de los organismos que apoyan legalmente esta causa.
El 23 de febrero el ISP anunció una multa de 1.300 UTM, es decir, más de 66 millones de pesos a los laboratorios fabricantes de los anticonceptivos Silesia S.A y Andrómaco S.A “por sus responsabilidades en la distribución y fabricación del producto farmacéutico”.
Respecto a la multa Angélica González, co-cordinadora de Derechos Sexuales y Reproductivos de Abofem dice: “estas medidas no han sido suficientes para poder responder a las necesidades reales que están padeciendo las mujeres afectadas, las que en su mayoría son de escasos recursos”. Lo anterior, es la razón por la que se está buscando una reparación económica “lo que se puede lograr a través de una acción de indemnización de perjuicio”.
Desde AML Defensa de Mujeres, la abogada Valentina Cataldo está de acuerdo con lograr una compensación económica a través de una demanda indemnizatoria “que busque la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a las mujeres afectadas”, pero detecta un problema para conseguir esta medida, ya que “son pocos los tribunales de la república los que manejan la perspectiva de género y ello vuelve altamente improbable que la indemnización abarque lo relativo a los cuidados de la hija o hijo que nacerá y no sólo los daños provenientes del embarazo y parto”.
Ambas abogadas concuerdan en que los derechos físicos y psíquicos son los que principalmente se ven vulnerados en estos casos. Esto porque el perjuicio no es solo económico sino que produce un “daño moral que proviene de una maternidad no deseada e impuesta en circunstancias que ellas confiaron en un medicamento que prometía impedirlo”, explica Cataldo.
Vulneración en diversas dimensiones
En “Impacto del embarazo no deseado en la salud mental materna” publicado el 2015 por BMC Medicine se analiza el estado mental de madres coreanas en 2008.
El resultado en general fue que “un embarazo no deseado es un factor de riesgo de mala salud mental, incluida la depresión perinatal, estrés y niveles más bajos de bienestar psicológico y satisfacción con la vida”. Aunque también se destacó la necesidad de investigaciones que busquen causalidad, ya que influyen muchos factores como el socioeconómico o la red de apoyo de la afectada.
Si bien el estudio anterior fue en un país asíatico, el Grupo Médico por el Derecho a decidir de Colombia hizo una revisión de literatura relacionada a este problema.
En los estudios desarrollados por países occidentales también se observó que una persona que se ve obligada a continuar el embarazo no deseado tiene “hasta cinco veces” mayor riesgo de depresión y ansiedad que el de sus pares con embarazos deseados, incluso “se asocia con una tendencia casi tres veces mayor a desarrollar conductas autolesivas en su vida futura”.
En su columna “Embarazadas por error” de La Tercera, Julia Pascual, directora de Cátedra Mujeres y Medios Universidad Diego Portales afirma que los argumentos que se han dado en contra de la demanda de las personas afectadas están basados en “visiones conservadoras” siguiendo en los roles de género y van en contra de la dignidad de las mujeres.
Esto porque la “alegría de que llegue un nuevo ser humano al mundo” como afirmó el abogado Hernán Corral, es presentado como un destino para las mujeres, en vez de una decisión y derecho que ellas pueden tomar cuando lo determinen.
Para complementar, desde Miles Chile, Dragnic comenta a nuestro medio que el área legal está trabajando en tres procesos a seguir. El primero tiene relación con la ley 21.030 que permite el aborto en tres causales. La primera de ellas permite la interrupción de la gestación que “evite un peligro” para la vida de la madre. Es así como las abogadas plantean que esto “tiene que ser entendido en un sentido amplio […] no solamente en términos fatales” sino que todo lo que afecte la sobrevivencia de una persona.
La segunda, tiene relación con una acción ya presentada frente a la Relatoría de la Salud de las Naciones Unidas con el fin de que se conozcan las historias de las personas gestantes; y solicitar a la ONU que inste al estado de Chile a “generar políticas públicas eficientes de anticoncepción”, además de “tener algún tipo de reparación y consideración, no solo económica, sino que desde una perspectiva integral para con estas mujeres”.
Por último, dice Dragnic, la acción dirigida al Estado o las farmacéuticas para conseguir una indemnización “que reconozca que esto ha sido un daño a su autonomía reproductiva, ya que tuvieron que cambiar sus planes de vida de maneras bastante contundentes por el hecho de quedar embarazadas en un momento en que no era previsible ni deseable en sus vidas”.
Desde Decodificador Chile se consultó al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género respecto a su postura frente a estos casos, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió respuesta.
